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08/09/10 Unión de las ONGs de Acción Social para condenar las medidas del gobierno francés contra los gitanosComunicado conjunto de la Plataforma de Acción Social, la Plataforma La Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) –de las que forma parte Cáritas Española-- han suscrito una nota conjunta en la que manifiestan que las medidas del Gobierno francés “atentan contra la dignidad de la oblación gitana y violan sus derechos fundamentales”. «La Plataforma de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) manifestamos que las medidas aplicadas por el Gobierno de Francia, que incluyen el desalojo forzoso de cientos de asentamientos y la repatriación de miles de familias gitanas a sus países de origen (Rumania y Bulgaria), atentan contra la dignidad de la población gitana, violan derechos fundamentales de los ciudadanos y suponen un claro ejemplo de discriminación racial. Compartimos la postura francesa de que cualquier persona que cometa un delito debe hacer frente a las consecuencias, lo que no puede suceder es que se continúe criminalizando a todo un grupo por las acciones de unos individuos. La retórica utilizada estos días por muchos de los políticos y responsables del Gobierno de Nicolas Sarkozy --relacionando a las comunidades gitanas con asentamientos ilegales, tráfico de personas, explotación de menores, prostitución…-- refuerza los prejuicios y opiniones discriminatorias que ya existen contra la minoría étnica más numerosa de Europa. Pese a que legislación de la UE sobre el derecho a la libre circulación y la no discriminación y la Carta de Derechos Fundamentales deben ser respetadas por todos los Estados miembros, creemos que existen indicios claros de que Francia está contraviniendo parte de esta normativa: Según la Directiva europea 2004/38/CE, el Gobierno francés no puede expulsar a ninguna persona de la UE-27 simplemente por no cumplir con los criterios de residencia. Además, aunque cualquier persona que quebrante la ley puede ser repatriada, la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente notificado con un mínimo de un mes de aviso. Pedimos a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembro una reacción contundente contra el discurso inflexible y racista del Gobierno de Francia y las medidas puestas en marcha contra la población gitana. Apelamos al conjunto de la sociedad civil, española y europea, para que rechace expresamente las medidas del Gobierno francés y muestre su solidaridad con el pueblo gitano».
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Esta página ha sido actualizada el 14/01/2011 |
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