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Grave preocupación eclesial ante una posible agresión a comunidades yanomamis aisladas en la Amazonía Brasileña

21 octubre, 2015

El Consejo Indigenista Misionero y la Diócesis de Roraima-Amazonia han alertado sobre los letales efectos que han podido provocar en las comunidades indígenas de la región la presencia de mineros

El Consejo Indigenista Misionero-CIMI de Brasil —con el que Cáritas Española colabora de forma activa en el seno de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica)— y la Diócesis brasileña de Roraima-Amazonia han hecho pública una nota conjunta en la que denuncian unos hechos de la máxima gravedad descubiertos recientemente en una zona de la Amazonia fronteriza entre Venezuela y Brasil, donde se tenía constancia de la presencia de comunidades indígenas aisladas, pertenecientes al pueblo Yanomami.
Aunque este es un territorio indígena ya reconocido hace 23 años, el Estado brasileño nunca ha movilizado los recursos necesarios para evitar la entrada de garimpeiros o buscadores de oro en la región, una actividad que ocasiona extraordinarios impactos sociales y ambientales. Ahora se ha sabido que un campamento de garimpeiros habría tomado un “puesto de vigilancia” del Estado y, posiblemente, habría entrado en contacto con las citadas comunidades aisladas Yanomami, con las que se ha perdido contacto. Se teme lo peor.
El CIMI y la Diócesis de Roraima piden en su nota responsabilidades y medidas urgentes al Estado brasileño para recabar más información sobre lo sucedido y para que se proceda a la retirada de los garimpeiros de la región, a fin de proteger la vida y las tierras de los Yanomami.
Este el contenido íntegro de la citada nota:
El Consejo Indigenista Misionero–CIMI y la Diócesis de Roraima manifiestan públicamente su preocupación ante la invasión de mineros en la región ocupada por el grupo indígena aislado Moxi Hatëtëa en el interior de la Tierra Yanomami y con ausencia de medidas de protección por parte del Gobierno. La denuncia fue presentada por líderes Yanomami de la Asociación Indígena Hutukara al Ministerio Público Federal de Roraima el pasado 25/09/2015, informando que tantop las instalaciones de base de protección etno-ambiental de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) como su pista de aterrizaje, están siendo utilizadas por mineros.
La denuncia es particularmente grave, porque se trata de una región habitada por indígenas aislados, en situación de extrema vulnerabilidad, solos, indefensos y desprotegidos ante de la invasión de su territorio. La FUNAI, ente indigenista gubernamental brasileño, tiene noticia de que los mineros se adueñaron de su base de fiscalización localizada en la Sierra de la Estructura, próxima al Alto Catrimani, y que permanece inactiva desde marzo pasado debido a la falta de condiciones para mantener agentes en el área.
Esta invasión es el preanuncio de un nuevo genocidio indígena. En este momento, existe un gran interrogante sobre la situación de los Moxi Hatëtëa: si sobrevivieron a la invasión minera, huyendo del lugar en el que estaban localizados (porque ya se sabe que no están allí) o si fueron masacrados, engrosando la triste lista de pueblos indígenas exterminados.
La posibilidad de que haya ocurrido otro genocidio no es mera especulación, si echamos un vistazo a la historia reciente de la invasión minera en la Tierra Indígena Yanomami. En 1993, tuvo un gran impacto en la prensa del mundo entero la “masacre de Haximu”, en la que 16 indígenas fueron asesinados, entre ellos ancianos, mujeres y niños. Además de eso, se estima que la minería ilegal en esta tierra indígena, ha provocado, entre finales de los 80 e inicio de los 90, la muerte de aproximadamente dos mil Yanomami.
Por ello, es incomprensible que el Gobierno Federal, que creó la FUNAI como un órgano de coordinación especial para la protección de los pueblos indígenas aislados, conociendo el alto riesgo de extinción de los Moxi Hatëtëa, no haya adoptado, hasta el momento, las providencias necesarias para mantener la integridad del referido grupo Yanomami.
La gravedad de la situación exige una operación inmediata para que los mineros abandonen la región habitada por los Moxi Hatëtëa y proceder a la urgente reactivación de la base de protección de la FUANI, así como la apertura de una investigación rigurosa sobre los promotores de la invasión de la Tierra Indígena Yanomami y el castigo de los responsables. Exigimos, asimismo, al Gobierno Federal que informe a la sociedad sobre la suerte del grupo indígena aislado.
Manaos, 7 de octubre de 2015.
Consejo Indigenista Misionero–CIMI y Diócesis de Roraima

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