La red Cáritas expresa en Colombia su preocupación por la crítica situación de las comunidades del Chocó

Del 22 al 24 de octubre de 2012, una misión internacional del Grupo de Trabajo de Cáritas por Colombia han expresado su preocupación ante la crítica situación en la que se encuentran las comunidades del Departamento de Chocó, después de la visita realizada a esa región andina, principalmente a los municipios de Quibdó y Atrato (Yuto).
Encuentros con la Iglesia y las organizaciones locales

Durante esta visita, los miembros del citado Grupo de Trabajo –integrado por representantes de las Cáritas de España, Inglaterra y Gales, Alemania, Holanda, Irlanda, Escocia, Luxemburgo y Colombia— tuvieron la oportunidad de dialogar con los responsables de las Diócesis de Itsmina, Apartadó y Quibdó, así como con líderes del Consejo Comunitario del Alto Atrato-COCOMOPOCA y otras organizaciones locales de la sociedad civil.
Avances en la defensa del territorio comunitario

Los encuentros han servido para conocer de primera mano la importante labor que vienen desarrollando los consejos comunitarios de Cocomacia, Cocomopoca y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, en la promoción y garantía de los derechos humanos y la defensa del territorio de las comunidades afro-descendientes e indígenas del Chocó.
Especialmente positiva ha sido la constatación por parte del Grupo de Trabajo de la titulación colectiva de 73.000 hectáreas de tierra a la comunidad de COCOMOPOCA, después de 11 años de trabajo por parte de los líderes locales, quienes, con el apoyo constante de la Iglesia, han logrado el reconocimiento de su territorio, ocupado ancestralmente.

Graves amenazas debido a la actividad minera
No obstante, esta misión de la red Cáritas ha visto con preocupación la concesión del 75% del territorio recientemente titulado a multinacionales extractivas para la explotación de recursos minerales, sin la debida consulta previa a las comunidades asentadas en el territorio.

Según se recoge en una declaración conjunta de los miembros del Grupo suscrita en Quibdó el pasado 24 de octubre, este hecho “impide la proyección de su plan de etno-desarrollo y vulnera el derecho a la autodeterminación de este pueblo y su posibilidad de llevar adelante proyectos agrícolas, de sostenibilidad alimentaria y generación de ingresos y medios de vida”.
Se teme que “a causa de la actividad minera, se presentan graves afectaciones a la salud de la población, aumento de los índices de prostitución y drogadicción en niños, niñas y adolescentes, amenazas a líderes y lideresas, aumento de la deserción escolar y graves problemas que afectan el medio ambiente, como el uso de cianuro y mercurio para la extracción de oro, y la deforestación”.

Clima generalizado de violencia
Los miembros del Grupo de Trabajo por Colombia han denunciado también “el preocupante clima generalizado de violencia en las Diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó por el aumento y constante accionar de los grupos armados ilegales y su relación con la explotación ilegal de recursos naturales y minerales”. Como resultado de esta situación, señalan, “se sigue generando el desplazamiento de un gran número de personas quienes no han encontrado en las entidades del gobierno el apoyo adecuado y oportuno para atender las necesidades generadas por la crisis humanitaria que se presenta en la región”.

A la vista de la situación, el Grupo ha hecho públicas una serie de recomendaciones, dirigidas tanto al Estado colombiano como a la comunidad internacional.
En este sentido, instan al primero a “promover las medidas necesarias para hacer efectiva la protección de las comunidades y la atención y reparación integral a las víctimas de la violencia”, además de “asegurar que el desarrollo de la política economía extractiva en el país no contravenga los planes de etno-desarrollo de las comunidades afro-descendientes e indígenas y el derecho de dichas comunidades a la consulta previa”, junto a “una adecuada regulación de las prácticas para la extracción de recursos naturales y minerales, que garantice que las empresas extractivas respeten los derechos humanos de las comunidades en Colombia”.

Por su parte, exigen a la comunidad internacional la creación y apoyo de “espacios nacionales e internacionales de reflexión en torno al tema de víctimas del conflicto armado colombiano” y la promoción de “una adecuada regulación de las prácticas para la extracción de recursos naturales y minerales, que garantice que las empresas extractivas respeten los derechos humanos de las comunidades”, así como la defensa de “iniciativas de máxima transparencia para la extracción, producción y comercialización de recursos naturales y minerales”. Reclaman, además, el “apoyo a la efectiva y oportuna realización de la consulta previa, libre, plena e informada a las comunidades donde se están llevando a cabo actividades de explotación de recursos naturales y minerales”.