La mejora de los salarios y la caída de la temporalidad no compensan el creciente esfuerzo que supone acceder a una vivienda digna, especialmente en Salamanca
La Escuela de Formación Social 2026 de Cáritas Diocesana de Salamanca celebró este martes 24 de febrero su segunda sesión en el Aula Cultural de Unicaja, dentro de esta 41ª edición que, bajo el lema “IX Informe FOESSA describir y explicar la realidad social”, analiza los principales retos vinculados a la exclusión y el desarrollo social en Castilla y León. Tras la sesión inaugural dedicada a la presentación del informe, el encuentro de ayer abordó una cuestión clave para comprender los procesos actuales de vulnerabilidad social: la relación entre empleo y vivienda y el riesgo de avanzar hacia un modelo de integración precaria.
La responsable de Sensibilización de Cáritas Salamanca, Belén Santamaría, abrió el conversatorio destacando que el encuentro sería un diálogo participativo entre expertos y público. Recordó que el informe de FOESSA de Castilla y León muestra un incremento de 28.000 personas en exclusión social desde 2018, con problemas más extendidos en vivienda, pobreza severa, dificultades de acceso a tratamientos médicos y una disminución de la ayuda mutua entre hogares. Los colectivos más afectados son menores de 18 años, jóvenes de 18 a 29 años, personas de origen extranjero y hogares encabezados por personas en búsqueda de empleo. Santamaría subrayó la necesidad de poner en diálogo empleo y vivienda para entender cómo la mejora laboral no siempre asegura la integración social.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Rafael Muñoz de Bustillo, ofreció un análisis del mercado laboral en Castilla y León y su comparación con Salamanca, destacando que en los últimos años se ha producido una caída significativa de la temporalidad y un crecimiento de los salarios más bajos, en parte impulsado por la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, advirtió de que estas mejoras no deben ocultar las desigualdades estructurales que persisten, con una fuerte segmentación sectorial, diferencias salariales que afectan especialmente a las mujeres y una concentración del empleo en actividades de menor valor añadido. Aunque los salarios más bajos han aumentado, explicó, muchos hogares continúan sin alcanzar ingresos suficientes para afrontar con estabilidad los gastos básicos.
Por su parte, Nuria del Álamo, profesora del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Salamanca, contextualizó la situación de la vivienda a nivel nacional, autonómico y local, recordando que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución española y un pilar básico para la inclusión social. Señaló que desde 2022 ha crecido de forma notable la preocupación social por el acceso a la vivienda y que el esfuerzo económico que deben realizar las familias es cada vez mayor. En Castilla y León, el alquiler supone de media en torno al 35% del salario, porcentaje que en Salamanca alcanza aproximadamente el 37% (por encima del umbral recomendado del 30%), lo que sitúa a muchos hogares en una situación de vulnerabilidad residencial.
En el diálogo entre ambos expertos, se puso de relieve que la mejora del empleo no garantiza automáticamente el acceso a una vivienda digna. Aunque los indicadores laborales reflejan avances, estos no son suficientes cuando el mercado de la vivienda funciona con lógicas que tensionan los precios, reducen la oferta asequible y limitan el parque de vivienda pública. Se planteó la pregunta sobre el volumen real de vivienda protegida disponible y se insistió en que un sistema de mercado por sí solo no resuelve el problema del acceso a la vivienda, especialmente cuando existen dinámicas de especulación vinculadas a la acumulación de pisos en alquiler y al crecimiento del alquiler turístico.
El conversatorio abordó también la dimensión social y mediática del debate, cuestionando la alarma generada en torno a la ocupación de viviendas y su utilización interesada en el debate público. Los ponentes señalaron que los datos disponibles no justifican el nivel de preocupación social existente y advirtieron de los riesgos de vincular de manera simplista los problemas de vivienda o empleo con la inmigración, alimentando bulos y estigmatizaciones que dificultan un análisis riguroso y solidario. La sesión concluyó con la constatación de que empleo y vivienda forman un binomio inseparable en los procesos de exclusión, y que avanzar hacia comunidades más cohesionadas exige reforzar las políticas públicas, ampliar el parque de vivienda social, mejorar la calidad del empleo y promover un debate público basado en datos y no en percepciones distorsionadas.
La Escuela de Formación Social continúa este miércoles a la misma hora y en el mismo aula, con la charla de Francisco Prat «LA URGENCIA DE TEJER VÍNCULOS COMUNITARIOS«, profundizando en sobre la necesidad de fortalecer lazos comunitarios para afrontar la exclusión y las situaciones de soledad y vulnerabilidad social.
Colabora
Cáritas Diocesana de Salamanca
Grupo Undanet