La Mesa de Vivienda de Salamanca exige en la Plaza Mayor medidas urgentes ante la crisis habitacional

Cáritas Salamanca y el resto de entidades sociales alertan de la exclusión residencial y exigen soluciones urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.

Esta mañana, la Plaza Mayor de Salamanca ha sido el escenario de un acto reivindicativo organizado por la Mesa de la Vivienda: plataforma integrada por las entidades sociales Cáritas Diocesana, Accem, Cruz Roja, Salamanca Acoge, Fundación Cepaim, YMCA, Puentevida y Asociación Ave María. Todas ellas han alzado la voz para reclamar medidas efectivas que garanticen el derecho fundamental a una vivienda digna.

El acto, que ha atraído la atención de los viandantes, incluía paneles que repasaban los avances del último año, así como viñetas críticas con la actual situación habitacional. Además de la lectura de un manifiesto, en el que se denunciaba la situación alarmante que atraviesan muchas personas en Salamanca para acceder a una vivienda. Las organizaciones han alertado del escaso gasto público destinado a vivienda y han instado a las administraciones locales y autonómicas a actuar con urgencia.

Un año después de haber registrado en el Ayuntamiento el informe sobre la situación de la vivienda en Salamanca, la Mesa de la Vivienda denuncia que el acceso continúa siendo una quimera para los colectivos más vulnerables; como jóvenes, personas desempleadas, personas migrantes, mayores con pensiones bajas o familias monoparentales con menores o personas dependientes a su cargo.

Entre los principales problemas señalados por la plataforma, destacan la escasez de viviendas en alquiler, el aumento descontrolado de los precios, requisitos inasumibles por parte de propietarios e inmobiliarias, y la falta de ayudas suficientes. En muchos casos, se exige a los solicitantes contratos indefinidos, antigüedad laboral y múltiples nóminas, requisitos que excluyen de facto a buena parte de la población.

Ante esta situación, la Mesa de la Vivienda reclama la declaración de Salamanca como zona tensionada (lo que permitiría limitar legalmente el precio de los alquileres), así como incrementar el parque de vivienda pública disponible en régimen de alquiler. Además, propone regular las exigencias impuestas por propietarios e inmobiliarias, como la obligatoriedad de contratos indefinidos, múltiples nóminas o avales desproporcionados, que actualmente dejan fuera a buena parte de la población.

También exige la erradicación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, y la puesta en marcha de programas de alquiler seguro, que permitan sacar al mercado viviendas vacías a precios accesibles, bajo la supervisión e intermediación de las administraciones públicas.

“La vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas, sin exclusión”, han subrayado durante la lectura del manifiesto. La Mesa de la Vivienda ha anunciado que continuará promoviendo acciones de denuncia y propuestas de política pública hasta que se tomen medidas concretas y efectivas.