Cáritas alerta ante el consejo de derecho humanos de la ONU sobre los riesgos que la crisis ha supuesto para España

La experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española, Sonia Olea Ferreras, ha intervenido hoy en Ginebra, por delegación expresa de Cáritas Internationalis, en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que se somete nuestro país.
En su exposición, la representante de Cáritas Española ha alertado sobre los riesgos que la crisis ha supuesto para el acceso y la protección de los derechos humanos de las personas en situación más vulnerable, especialmente en los ámbitos de la vivienda, las migraciones, la protección de la seguridad ciudadana y la cooperación internacional.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con la finalidad de mejorar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.
Riesgos en derechos humanos, inmigración, seguridad ciudadana y vivienda

Sonia Olea, tras expresar, en nombre de Cáritas Internationalis, su apoyo y reconocimiento a España por el número significativo de recomendaciones formuladas durante este segundo EPU y que han sido tomadas en cuenta para los próximos cuatro años, ha llamado la atención sobre diversas cuestiones relativas a nuestro país.
En primer lugar, se ha referido a la necesidad de llevar a cabo el II Plan de Derechos Humanos y de los mecanismos dirigidos a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en dicha materia; así como a la firma de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares.

Por otra parte, en referencia a las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla, y su legalización mediante la Disposición Final 1ª de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, Sonia Olea ha solicitado su derogación. En opinión de Cáritas, toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, con todas las garantías en el acceso a la justicia.
En la sesión, desde Cáritas se ha apuntado a la necesidad de seguir profundizando en la creación de herramientas de intervención, seguimiento, sistematización de datos y formación de los agentes de las Administraciones públicas para propiciar un enfoque integral contra la discriminación racial y étnica.

Con relación a la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se ha puesto el acento en la creación de sistemas de seguimiento y observatorio, en especial en lo que se refiere a supuestos jurídicamente indeterminados donde pueden verse muy dañadas personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad severa, lo que supondría una criminalización de la pobreza.
Cáritas ha valorando muy especialmente el esfuerzo que el Gobierno ha realizado con diversas medidas de ayuda a los deudores hipotecarios. Dicho esto, es esencial abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España. Para ello, y con objeto de garantizar el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada, Cáritas cree que el soporte necesario para ello pasa por la reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, así como la articulación de medidas estatales como un Pacto de la Vivienda.

Trata de personas y cooperación internacional
Otro de los puntos señalados por Sonia Olea ante el Consejo ha sido el de la trata de seres humanos, un delito que supone una profunda violación de los derechos humanos. Aunque en España, en los últimos años, se han articulado políticas públicas en la lucha contra la trata, orientadas únicamente a combatir la trata con fines de explotación sexual, hace falta todavía una Ley donde se contemplen las actuaciones contra la trata de seres humanos en todas sus formas con objeto de garantizar la protección y asistencia a las víctimas de manera integral.

El último aspecto abordado por la experta de Cáritas fue el de la política de cooperación internacional, que necesita ser asumida como una política pública, construida y ejecutada por el conjunto de actores de la cooperación española y que cuente con la necesaria disponibilidad presupuestaria. Es una responsabilidad del Reino de España cumplir tanto con los compromisos establecidos en el Pacto de Estado de 2007 en esta materia como con las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos de los derechos humanos suscritos por España, o las que emanan del Tratado de Lisboa.
Para Cáritas, es imprescindible avanzar en los aspectos expuestos ante el Consejo para seguir trabajando por el gran logro que la sociedad española ha tenido en las últimas décadas: el acceso de todas las personas a los derechos humanos. La crisis económica no puede ni debe ser excusa para que esto no sea así, porque una sociedad siempre será medida y examinada por cómo trata los más pequeños –o los que más sufren– en los momentos de mayor dificultad.